La empresa adjudicataria ha anunciado una importante inversión en las instalaciones acuáticas de Torrevieja
La Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato de arrendamiento del parque acuático de Torrevieja Aquopolis con una modificación del canon anual que abona la empresa que pasa del 54.555 euros a 248.621’69, según ha explicado la portavoz de este órgano Fanny Serrano.
La portavoz ha informado de que la empresa solicitó la prórroga del contrato y por parte del Ayuntamiento se procedió a revisar el canon que, según ha matizado Serrano «era muy bajo, pero tampoco se podía revisar porque cuando se produjo la cesión de los terrenos el Ayuntamiento se subrogó al contrato que ya existía, que era un contrato cerrado».
La edil ha añadido que para actualizar el canon de la prórroga, por un máximo de quince años, los técnicos de Urbanismo han aplicado el 6% al valor del bien que se ocupa. En este caso se trata de un solar edificable, pero hay que tener en cuenta que lo que allí hay es una instalación, no es una edificación y tampoco se va a edificar.
Serrano ha afirmado que para el equipo de Gobierno esta prórroga ha supuesto una doble satisfacción porque por un lado se va a «mantener una oferta complementaria muy importante para Torrevieja» tal y como se ha defendido en el informe técnico emitido por el área de Turismo cuando se tuvo conocimiento de la petición de la prórroga por parte de la empresa «se puso en valor lo que significa para Torrevieja y su oferta turística la existencia de un parque de estas características” y por otro lado se produce “una mayor rentabilidad de los bienes patrimoniales de Torrevieja».
Igualmente, ha informado de que la empresa adjudicataria ha anunciado una importante inversión en las instalaciones del parque que «si hasta ahora no se había hecho nada es porque el anterior equipo de Gobierno no daba viabilidad a la continuidad y estaban preocupados con lo que podría pasar con el parque». Por último ha dicho que seguir contando con esta oferta «es importante para todos, es importante para Torrevieja», ha comentado,
En la Junta de Gobierno también se han tratado 25 expedientes de sanciones urbanísticas. Serrano ha informado de que “debido a la falta, o al defecto, en la notificación se ha producido la estimación en la alegación de caducidad del expediente de un restaurante con una infracción «bastante potente», un comedor «hecho ilegalmente, sin licencia». La infracción ha prescrito «y no vamos a poder seguir adelante», ha manifestado la edil.
Sobre el particular ha añadido que este tipo de cosas son algo que «ocurrían en el pasado y con las nuevas directrices del Departamento de Urbanismo no va a volver a pasar. Estamos sacando todos los expedientes que estaban en tramitación y nos encontramos con estas sorpresas de vez en cuando».
En la Junta de Gobierno se ha abordado el contrato para el servicio de prevención, vigilancia y salvamento en las playas de Torrevieja. De las cuatro empresas que han optado, tres no pueden puntuar y a la cuarta, la UTE EULEN S.A., compuesta por Eulen, Sociosanitarios S.A. y Aunar Group 2009 S.L. se le ha requerido que aporte más documentación.
Igualmente, se ha acatado el auto de sobreseimiento dentro del denominado caso Vela Beach en el que el Ayuntamiento está personado. Al mismo tiempo hay un auto en el que se admite a trámite la apelación interpuesta por la acusación particular y también por el Ayuntamiento «por lo tanto es un asunto que continúa sub judice y que sigue su tramitación en la Audiencia Provincial para su resolución».
Entre los puntos que se han tratado, Serrano también ha informado de que se ha iniciado el expediente de contratación para el mantenimiento y conservación de todas las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria sitas en las dependencias municipales y otro para la contratación del mantenimiento y conservación de los ascensores de las dependencias municipales, en lo que la portavoz ha calificado como «el impulso decidido del equipo de Gobierno para regularizar aspectos de la contratación que si no están unificados provocan que se reparen por parte de intervención porque la ley de contratos obliga a ello».
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