Miguel López defiende que presenta el caso ante el Ministerio Público para que “no se nos pueda acusar de prevaricación ni al Consistorio ni a la Corporación”
El alcalde de Benejúzar, Miguel López Arenas, en representación del Consistorio ha trasladado a la Fiscalía lo que ha calificado como “unos presuntos hechos delictivos”, con el objetivo de evitar “cualquier denuncia posterior por prevaricación administrativa”, dado que según ha explicado, no adoptar esta medida puede acarrear consecuencias tanto para el Ayuntamiento como para los concejales.
El asunto viene de la legislatura anterior y, según consta en el escrito que se ha presentado, el presunto responsable es el que fuera concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, Vicente Cases. El Ayuntamiento benejucense adquirió entonces una pistola eléctrica, más conocida como ‘Tasser’ por 4.075,76 euros, pero este arma no llegó nunca a aparecer ni a ser utilizada, tal y como ha corroborado la propia Policía Municipal. La mercantil que vendió entonces el arma (la pasada primavera) reclamó el pago “que no aparecía por ningún sitio y, curiosamente, varios meses después de su adquisición reapareció en la empresa suministradora en un envío por correo”, ha explicado el primer edil, quien ha añadido que “este es un caso grave porque en paralelo se ha podido cometer un presunto delito de tenencia ilícita de armas”.
Tanto el misterioso extravío de la pistola ‘Tasser’ como el sorprendente hallazgo que desveló la firma suministradora, siguen por ahora sin aclarar ya que nadie tanto el Consitorio benejucense como la Policía Local han confirmado que nunca han gestionado ni la devolución del arma ni su envío al proveedor; asuntos estos que también han sido resaltados en los archivos presentados ante la institución judicial ya que, al parecer, alguien en nombre del Ayuntamiento envió el arma desaparecida sin que por ahora se haya podido aclarar la identidad de la persona que lo hizo.
En el escrito que se ha remitido esta mañana a la Fiscalía, en el Palacio de Justicia de Orihuela, se relatan todos los hechos de los que se tiene conocimiento, desde que la empresa suministradora de la pistola ‘Tasser’ reclamara al Consistorio el pago del arma, tras rechazar también su devolución, por estar fuera de plazo. En cuanto a la presentación de toda la documentación relativa a este caso en Fiscalía, el alcalde ha reseñado que “tenemos la obligación legal de hacerlo para no incurrir en algún delito de prevaricación, por eso ponemos en conocimiento de la autoridad judicial estos presuntos hechos delictivos”. En este sentido, López Arenas ha aclarado que lo que se pretende es que el fiscal “independientemente de que admita o no a trámite el caso, investigue lo sucedido porque tiene la autoridad para ello”.
Desde el Ayuntamiento consideran “muy graves” estos hechos y de lo que se trata es de velar por los intereses de los vecinos y vecinas, ya que “ahora tenemos que hacer frente al pago de un arma de más de cuatro mil euros que ni siquiera hemos visto aparecer y con el perjuicio económico y de imagen que estos hechos tan reprobables acarrean para nuestro pueblo”, ha matizado López Arenas.
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