La plataforma de afectados denuncia “que solo quieren trabajar en paz y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los habitantes del pueblo y a los miles de turistas”
Más de 70 hosteleros y comerciantes de Guardamar del Segura han firmado un escrito en el que rechazan la nueva normativa municipal sobre ocupación de la vía pública. La medida, que obliga a retirar tarimas y cerramientos de terrazas, ha generado gran malestar en el sector. Esta queja ha sido registrada por la Asociación de Comerciantes y Restauradores en el Ayuntamiento y en ella denuncian que estas restricciones perjudican a la actividad económica y afectan la comodidad y seguridad de clientes y turistas.
En respuesta, se ha creado la «Plataforma de afectados por el reglamento para la ocupación de la vía pública», que ha lanzado la campaña «Por unas terrazas dignas y seguras, sí a las tarimas». Esta iniciativa busca informar a la ciudadanía y movilizar acciones contra la normativa. Además, los afectados han planteado declarar personas non gratas a los miembros del equipo de gobierno municipal en los establecimientos perjudicados, como señal de protesta.
Los hosteleros critican que la ordenanza impone la retirada diaria de mobiliario, incluidos maceteros, sombrillas y separadores, lo que supone una carga operativa y logística. También alertan sobre el problema de estacionamiento en las zonas de terraza y la falta de garantías de que la Policía Local pueda asegurar el espacio libre cada mañana. Alegan que normativas en otras ciudades turísticas como Torrevieja, Alicante y Benidorm son más flexibles y mejor adaptadas a la realidad del sector.
Desde la plataforma también se denuncia que el Ayuntamiento «falta a la verdad» al afirmar que no se presentaron alegaciones durante el proceso de aprobación del reglamento, ya que aseguran haber registrado múltiples escritos que nunca fueron respondidos. Además, advierten que la normativa, al limitar la expansión de terrazas y exigir permisos burocráticamente más complejos, afectará gravemente la competitividad del sector hostelero en la localidad.
Ante esta situación, los comerciantes exigen la suspensión inmediata de la ordenanza y la apertura de un diálogo con el Ayuntamiento para negociar cambios. También han anunciado posibles acciones legales, movilizaciones y la retirada de la colaboración en eventos turísticos como las semanas gastronómicas.
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