Docentes por la Libertad Lingüística y AMPAS inician una campaña de captación de fondos para ir al TSJCV

Reclaman apoyo a los vecinos de la comarca para interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la Ley de Plurilingüismo impulsada por Marzà

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística(PDLL) y AMPAS de la Vega Baja han iniciado una campaña de captación de fondos para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra las resoluciones de los Proyectos Linguísticos de Centro (PLC), por considerar que son contrarios a derecho y como continuación de los recursos de alzada que no han prosperado.

Así lo ha anunciado la plataforma en una rueda de prensa en la que han explicado que su propuesta es la de llevar al contencioso un número limitado de casos pero que sean representativos de toda la comunidad educativa de la Vega Baja y de otras zonas de la Comunidad, «en el convencimiento de que la razón que, sin duda, nos darán los tribunales, alcanzará a todas las familias que aspiren a algo, tan aparentemente normal, como elegir la lengua en la que sus hijos estudien», ha explicado su presidente, Miguel Ángel Robles. 

Par sufragar el, ciertamente elevado coste del procedimiento jurídico, los padres y los profesores de la Vega Baja hacen un llamamiento a todos los vecinos de la Vega Baja, padres o no de hijos «afectados por la acción liberticida del gobierno valenciano, a asociaciones, a organismos e instituciones para que se unan en una campaña para aportar los fondos necesarios que sufraguen los gastos».

«No se trata solamente de nuestros hijos, se trata de nuestra supervivencia como región, se trata de la defensa de nuestra cultura y de nuestra historia. Se trata de definitivo de un llamamiento colectivo a la Vega Baja para que, de nuevo, vuelvan a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada ni tratada como una mercancía», han señalado desde la plataforma, al tiempo que han manifestado que «los responsables de Conselleria no han tenido inconveniente en vulnerar la Constitución y el mismo Estatuto de Autonomía con tal de imponer su proyecto catalanizador».