Fueron practicadas durante el pasado mes de febrero y fueron llamados a declarar seis personas, entre los que se encuentran el exalcalde y su mujer
El grupo municipal de Los Verdes de Torrevieja ha comparecido públicamente para revelar que las diligencias judiciales abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad, por la compraventa millonaria de fincas de Almoradí y San Miguel de Salinas en 2005 por el exalcalde, Pedro Hernández Mateo, ponen de manifiesto que esta acción estaría sometida a un “presunto delito penal por tráfico de influencias”.
La formación ha informado que el equipo de delitos contra el Patrimonio y el Orden Socio-económico de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil, ha tramitado nuevas diligencias ampliatorias sobre este asunto que ponen de manifiesto que “no se trataría de una inocente operación con muchas suerte o a rebufo de la burbuja inmobiliaria”.
En las diligencias practicadas durante el pasado mes de febrero, tal y como ha recordado la formación, fueron llamados a declarar dos de los socios de la mercantil Edén del Mar, el exalcalde Pedro Hernández Mateo y su mujer, un exconcejal del PP y un conocido corredor de fincas de Torrevieja.
Los interrogatorios, tal y como ha asegurado, versaron sobre la “autenticidad y el contenido del contrato de compraventa de las referidas fincas, que fue aportado hace algunos meses a la causa”.
Así, de las declaraciones se desprenden algunos datos “relevantes”, a juicio de Los Verdes, tales como las supuestas “contradicciones en las que incurrieron los dos administradores del grupo de empresas Edén del Mar, el total desconocimiento manifestado por la esposa del exalcade de gran parte de los hechos o la pintoresca y curiosa declaración del conocido corredor de fincas que intermedió para cerrar la operación”.
Y es que al parecer y según han dicho, “al no haberse concretado en los términos inicialmente acordados, no tuvo más remedio que conformarse con un pago o compensación en comidas a falta del correspondiente cobro de la comisión monetaria pactada”.
Precisamente fue esta última declaración, la del corredor de fincas, las “más concluyente a la hora de dilucidar si efectivamente había habido o no delitos de tráfico de influencias en el trasfondo de esta operación de compraventa” al manifestar, según la formación, que “se reunían los cuatro -el propio alcalde, los dos administradores y el corredor- a negociar las condiciones de compraventa”.
“Los compradores decían que Hernández Mateo no había cumplido lo prometido, y este último que los representantes de la promotora habían incumplido los pagos”, ha expuesto el colectivo.
No obstante y “tras estar las dos partes totalmente de acuerdo con las cláusulas incluidas en el contrato, y muy especialmente con la que hacía referencia a la estipulación IV -condiciones con las que el Ayuntamiento de Almoradí debía aprobar la urbanización de la finca y que Hernández Mateo apoyaría todas las iniciativas de los compradores ante el Consistorio almoradidense para que así fuera-, el exalcalde dijo que “no podía firmar ese contrato”.
La negativa a rubricar el acuerdo se basaba en dicho apartado dado que, según ha dicho Los Verdes, “le comprometía políticamente y por tanto, irían directamente a escriturar a notaría respetando lo acordado verbalmente”.
Ante esto, Los Verdes esperan que pronto se puedan practicar nuevas pruebas y declaraciones de testigos solicitadas por la acusación popular para que vayan concluyendo las diligencias de investigación y pueda abrirse la fase del juicio oral de esta causa que, “a trancas y barrancas”, viene tramitándose desde el año 2005.
Precisamente en esta causa tuvo que intervenir el Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.) por los “considerables retrasos” que motivaron la prescripción de los delitos fiscales que pudieran haberse cometido, como consecuencia de los “ingresos por más de medio millón de euros localizados en varias de las cuentas bancarias de Hernández Mateo, de los que no se pudo justificar su origen y procedencia”.
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