El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Alicante asegura que el alcalde pretendía abonar sueldos «sin pasar por pleno»
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Alicante ha denunciado públicamente y a través de un comunicado las “irregularidades” en el pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento de Rafal, al tiempo que ha defendido el trabajo realizado por la secretaria-interventora de la Administración local, María Nieves Rubio.
Esta denuncia pública llega tras la querella interpuesta por el alcalde Manuel Pineda (PSOE) en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orihuela, hace unos días, contra Rubio y el tesorero el Ayuntamiento por “no abonar al personal municipal las nóminas del mes de octubre”.
La nota enviada desde el colegio oficial pone de manifiesto que el pago de los sueldos a los trabajadores municipales no se ha efectuado todavía por la “inclusión de las retribuciones del concejal delegado de Hacienda, Fernando Ángel LasHeras (PSOE), sin haberse aprobado por el pleno, así como por el incremento del sueldo a un auxiliar administrativo, integrado en la lista electoral del mismo partido, tampoco aprobado por el máximo órgano municipal”.
De hecho y según la versión del organismo, “estas deficiencias se hicieron constar en un informe de reparo emitido por la secretaria-interventora, en estricto ejercicio de sus funciones y, sin ser subsanadas, el alcalde dicta una serie de resoluciones y órdenes sin elevar la solución de esos reparos al pleno”.
“Incluso llega a ordenar que se lleve a cabo la transferencia bancaria a los empleados sin que se hayan efectuado los asientos contables correspondientes”, sentencia el comunicado enviado, que insiste en que “esta situación y no otra es la que ha impedido el abono de sus retribuciones al personal de servicio del Ayuntamiento, aunque el resto de nóminas no ha merecido reproche legal alguno”.
El organismo oficial denuncia, asimismo, que la práctica de abonar estas nóminas “irregularmente, sin la previa aprobación del pleno”, se llevó a cabo durante los meses de junio y julio “sin cumplirse la exigencia legal” y sin la posibilidad de que la secretaria-interventora hubiese podido advertir esta “ilegalidad” porque, en esos momentos, se encontraba de baja por enfermedad desde el mes de marzo.
En este sentido, el comunicado relata que el pasado 11 de noviembre –a las 14 horas- y tras diversas vicisitudes en la tramitación de las nóminas, el alcalde “efectivamente ordenó, sin cumplimentar los trámites exigidos por la normativa aplicable y en contra de varios informes emitidos hasta la fecha, que se hicieran efectivas sin proceder a las rectificaciones referidas”.
Según relata el colegio oficial, las órdenes dictadas dieron lugar a que la secretaria-interventora se viese en la obligación de llamar a la Guardia Civil dado que, el primer edil, les exigió –a ella y al tesorero- que “no abandonaran el Ayuntamiento hasta que no firmasen el abono de las nóminas”. Algo que finalmente “no hicieron ya que dicha orden era totalmente ilegal, como ya le habían manifestado por escrito y verbalmente en diversas ocasiones”. Precisamente por estos hechos, Rubio presentó una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil el pasado 12 de noviembre.
Por último, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Alicante ha “lamentado” estos hechos y “condenado” la actitud del alcalde de Rafal que, “en contra de los informes emitidos pretende imponer la realización de actos ilegales y, además, imputarles la falta de abono de sus retribuciones a los empleados del ayuntamiento”
“Algo de los que sólo el alcalde es responsable ya que, en caso de haber actuado conforme a derecho y según los informes y propuestas, los empleados municipales ya habrían recibido sus salarios”.
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