El PP sostiene que el TSJCV ha prohibido de forma cautelar al Ayuntamiento derribar las construcciones de Capuchinos mientras que el equipo de gobierno asegura que la Justicia da la razón al Ayuntamiento
El concejal de Infraestructuras y alcalde accidental, Antonio Zapata, ha desmentido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya prohibido de forma cautelar el derribo de las cocheras del barrio del Rabaloche. Una afirmación que ha hecho esta misma mañana en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP, David Costa. El popular ha asegurado que el TSJCV ha admitido las medidas cautelares presentadas por un propietario de una de las cocheras ante el decreto de derribo que firmó el concejal de Infraestructuras, Antonio Zapata, a principios de 2012.
El socialista se ha apresurado a desmentir esta información a través de un comunicado en el que ha indicado que el señor Costa no se ha leído la sentencia íntegra o ha mentido deliberadamente» porque «la sentencia da la razón al Ayuntamiento pero en el fallo se ha introducido un error material que induce a la confusión, por lo que le hemos pedido una aclaración al TSJ».
En este sentido, el socialista ha facilitado la sentencia y explicado que «en cuanto llegue la aclaración y la redacción del fallo sea coincidente con la claridad de los fundamentos de derecho que nos dan la razón procederemos a la demolición de la cocheras, como podrá comprobar el señor Costa, que otra vez más ha quedado expuesto al ridículo».
El portavoz popular había utilizado esta sentencia para arremeter contra Zapata por incumplir una de sus mayores promesas electorales: la demolición de las construcciones ilegales de la zona de Capuchinos. Costa ha asegurado que «Zapata y el alcalde Monserrate Guillén ha mentido a los vecinos en este tema» porque el socialista anunció en octubre de 2012 que estas construcciones ilegales serían derruidas en quince días. Una promesa, ha asegurado, «que sabía que no podía cumplir».
El popular ha asegurado que «Zapata y el alcalde Monserrate Guillén ha mentido a los vecinos en este tema» porque el socialista anunció en octubre de 2012 que estas construcciones ilegales serían derruidas en quince días. Una promesa, ha asegurado, «que sabía que no podía cumplir».
El tema se remonta al año 2010 cuando la Asociación de Vecinos del Rabaloche Oriol denunció por la vía penal al entonces equipo de gobierno del PP por no proceder a la demolición de las instalaciones de las cocheras en la zona de Capuchinos.
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