La Generalitat reduce su precio inicial un 38% tras cuatro años vacías, y se niega a permutarlas con el Ayuntamiento oriolano para dar respuesta a las demandas de alquiler social
La Conselleria de Vivienda ha anunciado que pondrá en venta 63 viviendas de protección oficial (VPO) construidas en Orihuela Costa en el año 2011 y que hasta la fecha se encuentran vacías. Se trata de un «chollo» ya que el Conselle ha anunciado a través de un comunicado que rebajará el precio de estos inmuebles en un 38%, pasando de los 111.534 euros fijados en el precio de salida hasta los 69.000 euros.
Las viviendas se ubican en la zona de El Barranco de Orihuela, a dos kilómetros de Playa Flamenca y a 1,5 kilómetros del Centro Comercial Zenia Boulevard, y de un área de supermercados, bancos y pequeños comercios.
Cada bloque dispone de distintos tipos de vivienda formado por: 16 viviendas protegidas tipo dúplex de 90 metros cuadrados útiles; una viviendas para personas con movilidad reducida, dos viviendas destinadas a familias numerosas y otras dos viviendas apartamento.
«El objetivo de esta medida es utilizar las viviendas construidas, ofreciendo facilidades a las personas y familias que quieren adquirir una vivienda propiedad de EIGE. De esta manera se favorece el acceso a la vivienda protegida existente en la Comunitat y se da una respuesta a las necesidades de los ciudadanos, adecuando los precios al actual contexto de crisis económica», informa el comunicado.
Al hilo de este anuncio por parte del Consell, la edil de Vivienda, Sabina Galindo, ha asegurado que la Generalitat se ha negado a que el Ayuntamiento de Orihuela se hiciera con estas viviendas para dar respuesta a las peticiones de alquiler social que tiene encima de la mesa.
La edil ha señalado que propuso a la directora general del Instituto Valenciano de la Vivienda, Blanca Marín, la posibilidad de que el Ayuntamiento oriolano se hiciera con la disposición de los 63 inmuebles a cambio de permutar los bajos de los que dispone el Consistorio a cambio de los inmuebles. Una posibilidad a la que Marín se negó porque «su intención es vender esas viviendas».
Ante esta negativa, Galindo ha avanzado que está gestionando la posibilidad de establecer convenios con distintas fundaciones para poder conseguir la gestión de una bolsa de viviendas y dar salida a la demanda de alquileres sociales en Orihuela.
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