La PNL insta al Gobierno a analizar los daños y decretar zonas gravemente afectadas a la comarca, donde el temporal ha causado tres muertos
El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas para decretar las comarcas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Esta iniciativa, ha explicado el presidente del grupo de los socialistas valencianos en la Cámara Baja, Alejandro Soler, supone “ayudas directas e indirectas para ayudar a las víctimas de la catástrofe que hemos sufrido en los últimos días en la Comunitat Valenciana y que se ha cobrado la vida de tres personas en la comarca de la Vega Baja”.
Soler ha celebrado que la medida haya contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara a la propuesta y ha recalcado “la importancia de la unidad de todo un país ante una catástrofe como la que han sufrido los vecinos de la Vall d’Albaida y la Vega Baja”. “Ahora es momento de trabajar todos juntos, sin mirar colores políticos, para poder dar una respuesta rápida y eficaz a quienes lo han perdido todo”, ha indicado Soler quien ha asegurado que “tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Consell de Ximo Puig ya han puesto todos los mecanismos en marcha para garantizar la recuperación de dos comarcas que son clave no sólo para la Comunitat Valenciana, sino para todo el arco mediterráneo”.
El texto, aprobado en la jornada parlamentaria de ayer y que ha defendido el diputado socialista José Manuel Franco, contempla el estudio de los daños producidos por los “incidentes climatológicos y otros siniestros ocurridos” en los meses de junio, julio, agosto así como los del último fin de semana en la Comunitat Valenciana. La iniciativa insta al Gobierno a la elaboración de un informe que estime los daños producidos por los “incidentes climatológicos y otros siniestros ocurridos” de forma que se “determine y cuantifique el alcance de los hechos”. La propuesta reclama también que se proceda a “la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil de los municipios afectados”, así como a “aplicar las que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las incidencias climáticas”. En concreto, especifica la PNL, “ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas, en las administraciones, y por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe”.
Las ayudas contemplarían indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas; beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, así como explotaciones y otras actividades afectadas; bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social; el establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles y automóviles dañados como consecuencia de los siniestros; y la concesión de anticipos o créditos extraordinarios directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe para dar cobertura presupuestaria inmediata.
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