Mireia Mollá presentará una Proposición no de Ley en Las Cortes porque “la ciudadanía no tiene que pagar la mala gestión de las administraciones”
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha explicado hoy que “vamos a registrar una Proposición No de Ley (PNL) en Las Cortes para que la Diputación de Alicante y la Generalitat asuman el aumento del coste del tratamiento de residuos de la Vega Baja, pues entendemos que la ciudadanía no tiene por qué pagar la mala gestión de estas administraciones”.
Mollà ha señalado que “si el Plan Zonal XVII no cuenta en estos momentos con un vertedero es por culpa de la mala gestión de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana y, en este sentido, es injusto que los municipios se vean obligados a costear el traslado de sus residuos hasta el resto de plantas de la provincia”. La diputada de Compromís ha recordado que “primero el Consorcio resolvió ubicar el vertedero en la finca Lo Cartagena de Torremendo y posteriormente decidió que pasara a la finca La Pistola –también en Torremendo y propiedad de Ángel Fenoll y Enrique Ortiz-, una decisión que, ahora mismo, está siendo una de las principales investigaciones en el Caso Brugal”.
“Esta medida del Consorcio fue tumbada por la justicia porque la elección no se había hecho conforme a los criterios que figuraban en el concurso y ahora nos encontramos con que este organismo quiere ubicar el macrovertedero en Albatera y una planta de transferencia en Cox sin contemplar las consecuencias medioambientales ni tener en cuenta las deficiencias de los informes de la UTE, además del rechazo de diversos ayuntamientos de la Vega Baja”, ha destacado. Mireia Mollà, que ha pedido saber por qué la UTE no asume ninguno de los gastos ni de transporte ni de eliminación de residuos, ha indicado que “la consecuencia de esta serie de despropósitos es que a día de hoy la Vega Baja sigue sin contar con una planta de tratamiento donde gestionar sus residuos de manera respetuosa con el entorno y que suponga el mínimo coste posible para los vecinos”.
La diputada, que ha apuntado la necesidad de paralizar el actual proceso de adjudicación y comenzar un nuevo proceso transparente y en términos sostenibles, ha añadido que “estamos hablando de toda una serie de irregularidades y de una nefasta gestión que tanto la Diputación como la Generalitat tienen que asumir y es por eso que desde Compromís solicitamos a Las Cortes que apoyen esta petición”.
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