La formación de Almoradí pide en una moción que se eliminen los 120 euros por hectárea que deben pagar los agricultores
El colectivo local de Compromís en Almoradí, ha presentado esta mañana una moción en el ayuntamiento, solicitando al pleno que emplace al Gobierno Central a eliminar la aplicación de la derrama adicional de 120€ por hectárea prevista en la resolución del 13 de junio del Consejo de Ministros 4 días anterior, que será exigida a los regantes con el pretexto del aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.
La moción, además, propone al pleno el acuerdo para exigir a los poderes públicos “las inversiones urgentes y necesarias para resolver a corto y medio plazo las dotaciones alternativas a través de la desalinización o desalobración” como también el aprovechamiento del agua depurada, sistemas de reserva y aportes del Júcar al Vinalopó. Además, como ha señalado Mariano Ruiz, portavoz de Compromís por Almoradí, exige también “las mejoras en modernización y racionalización de regadíos que llevan ya paralizadas demasiados años”.
Argumentan al consistorio, que es inaceptable que un gobierno responsable de la nefasta gestión de la sequía que sufre la cuenca del Segura, especialmente en los usos agrarios, sea capaz de sustraer 120 euros por hectárea a la economía de familias que están padeciendo los efectos de esta misma crisis ambiental. De la misma manera, el impacto sobre la actividad económica que está agravando la paralización de las inversiones y la infrafinanciación va a revertir en las propias familias y regantes, que además de sufrir el expolio de la red de aguas del Segura, experimentará una pérdida notable de poder adquisitivo en el sector más impredecible y precario de nuestro mercado.
Este mecanismo es inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura, como explica la moción y recuerda además Mariano Ruiz “es una carga injusta y arbitraria que redistribuye de abajo hacia arriba con un criterio absurdo y totalmente parcial”.
En el marco de las inversiones en infraestructuras hídricas, el documento emplaza tanto a gobierno central como a confederaciones hidrográficas y poderes públicos implicados a retomar las inversiones estancadas desde hace años y modernizar urgentemente todo el sistema.
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