Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1,15 millones de euros
Hoy ha arrancado en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, el juicio contra trece acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja.
Este martes han comenzado las cuestiones previas de este juicio, que se alargarán hasta el 24 de noviembre, aunque la fase de juicio oral no está prevista hasta la segunda quincena de enero.
Esta causa constituye una de las veinte piezas separadas del denominado caso Brugal. Entre los acusados figuran el expresidente de la Diputación alicantina José Joaquín Ripoll, que se enfrenta a una petición de condena de dieciséis años de cárcel y 44 de inhabilitación, la exalcaldesa de Orihuel, Mónica Lorente, así como varios técnicos y empresarios como Enrique Ortiz o el oriolano Ángel Fenoll.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los diecisiete años de cárcel para los trece acusados.
Según el Ministerio Público, el expresidente de la Diputación de Alicante maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 a fin de que el empresario elegido para la adjudicación del plan comprara a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, coste que el adjudicatario repercutiría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces dirigente de la corporación provincia se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación consistentes en el saneamiento de una televisión local, viajes y vacaciones en yate. También aceptó presuntamente dos viviendas en Alicante que finalmente no se le llegaron a entregar por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca. Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1,15 millones de euros.
Deja tu comentario