La formación liberal acusa al bipartito de colaborar en el cobro de un «impuesto terrorista» a los ciudadanos
El grupo municipal CLR ha anunciado que llevará a los Juzgados de Orihuela el impago de más de 300.000 euros del servicio de la ORA por un posible delito de malversación de caudales públicos del que podrían ser corresponsables tanto la empresa adjudicataria -Esma Park S.L.- como los responsables del gobierno municipal que tienen constancia de esta deuda y «no ponen medios eficaciones para evitarla».
En este sentido, los liberales han arremetido directamente contra el edil de Contratación, el socialista Víctor Ruiz, quien anunció el pasado 3 de septiembre la apertura de un expediente para la resolución de este contrato pero que, según CLR, no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera
se ha solicitado el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana para poder proceder a dicha resolución contractual, un trámite sin el que no se puede adoptar esa decisión.
Mientras tanto, recuerda la formación liberal, «seguimos pagando cada día por un ticket de aparcamiento para que la recaudación se la lleve íntegramente la empresa concesionaria». Por lo que han asegurado que el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) «está colaborando activamente en la en un auténtico fraude y un “impuesto terrorista”, dado que se nos cobra por un servicio que no repercute en quien lo presta realmente, que es el Ayuntamiento.
En esta línea, aseguran que la empresa no solo está cobrando la tasa por aparcamiento sino también los tres euros que hay que abonar cuando se recibe una sanción por exceder el tiempo de estacionamiento. «Esma Park S.L. es la que está recaudando sanciones de tráfico, y no sólo tasas de aparcamiento, algo prohibido por ley, por lo que esta recaudación sin rendir cuentas al Ayuntamiento de los importes», explican.
Los concejales liberales han señalado que en la misma denuncia este grupo solicitarán al Juzgado que se adopten medidas urgentes desde el ámbito judicial a fin de garantizar los efectos y caudales públicos «que entendemos se están arriesgando en manos de la empresa concesionaria sin motivo ni necesidad para ello».
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