Ciudadanos Orihuela presenta un recurso contencioso-administrativo contra el presupuesto municipal por «presuntas irregularidades»

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Fachada del ayuntamiento de Orihuela

La formación advierte que «esta situación podría derivar en responsabilidades legales por el uso de un presupuesto eventualmente anulado»

El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Orihuela presentó el pasado mes de julio un recurso contencioso-administrativo contra el presupuesto municipal aprobado por el Partido Popular  y Vox para el ejercicio 2024. Según la formación, el presupuesto fue aprobado fuera de plazo, ya que debía estar en vigor antes del 31 de diciembre de 2023.

El Tribunal Superior de Justicia  de la Comunidad Valenciana admitió a trámite el recurso el pasado 9 de septiembre, ordenando al Ayuntamiento remitir la documentación correspondiente. Sin embargo, Cs denuncia «que el consistorio no ha cumplido con esta obligación, a pesar de un segundo requerimiento del TSJ fechado el 28 de octubre, que incluía un apercibimiento de multa por incumplimiento».

Para Ciudadanos, «esta actitud del gobierno local, liderado por PP y Vox, refleja una intención deliberada de obstaculizar el proceso judicial y consolidar unas cuentas que consideran irregulares. La formación asegura que las irregularidades ya fueron señaladas en una enmienda a la totalidad presentada anteriormente y que serán argumentadas nuevamente en el procedimiento judicial.

Además del presupuesto, Ciudadanos ha impugnado judicialmente la aprobación del catálogo de personal del Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, al considerar que también presenta irregularidades». Este catálogo, afirman, «influye directamente en la plantilla de personal incluida en el presupuesto cuestionado».

Si el TSJ anula finalmente el presupuesto, la sentencia no afectaría a la ejecución del ejercicio 2024, pero sí a las partidas prorrogadas en 2025 si no se aprueba un nuevo presupuesto a tiempo. Ciudadanos advierte que «esta situación podría derivar en responsabilidades legales por el uso de un presupuesto eventualmente anulado».

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