El Conseller de Agua asegura que defenderá los intereses de los regantes de la Vega Baja en el próximo Plan Hidrológico Nacional
El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha afirmado que el Consell «apoya al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela para su reconocimiento como Tribunal Consuetudinario y Tradicional». Lo ha hecho durante su visita a la sede del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, cuyo presidente, Jesús Abadía, le ha reclamado apoyo para obtener también la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y agua de más calidad para los regantes de la comarca.
Abadía le ha traslado al conseller que la amplia mayoría de agua que utilizan los regantes de la Vega Baja es reciclada o sobrante, ya que el agua de calidad se queda en la Vega Alta y Media. En este sentido, el presidente del Juzgado de Agua de Orihuela ha explicado que se podría usar el embalse de la Pedrera o los tubos del trasvase para dotar de mejor agua a la comarca.
Por su parte, José Císcar ha trasladado a los miembros de esta entidad que el Gobierno valenciano está trabajando, pese a las dificultades y complejidad de los trámites, para obtener este reconocimiento, al igual que ya lo posee el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.
Ha indicado que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela «es un ejemplo de los agricultores y regantes para aprovechar y gestionar eficientemente el agua, lo que, unido a sus valores, representa un aval inmejorable para recibir esta merecida consideración».
Además, ha añadido que «ello demuestra que, desde la época del histórico Reino de Valencia hasta la actualidad, el pueblo valenciano ha sabido resolver pacíficamente y desde el consenso los litigios derivados del uso de un bien tan preciado como es el agua».
En la última década, la Generalitat ha realizado una inversión para mejorar y acondicionar las infraestructuras de regadío en la comarca de a Vega Baja de 31,35 millones de euros.
El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que fue creado a mediados del siglo XIII por Alfonso X el Sabio, en la actualidad se rige por unas ordenanzas de 1836, aprobadas por la Reina Regente, María Cristina de Borbón. Administra e imparte justicia entre más de 16.000 regantes y 7.000 hectáreas de cultivos en los términos municipales de Orihuela, Bigastro, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Benijófar, Almoradí y Callosa de Segura.
Plan Hidrológico Nacional
Por otra parte, el vicepresidente del Consell ha subrayado que «a partir de 2015 tiene que arrancar el Plan Hidrológico Nacional, y los regantes de la Vega Baja, de toda la provincia de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana pueden tener la garantía, la certeza y la seguridad de que
el Gobierno valenciano va a estar ahí defendiendo sus intereses y exigiendo y reclamando lo que se tiene que pedir, que es de justicia».
«Es una evidencia la escasez hídrica en unas tierras donde el uso que se hace del agua no tiene equiparación en ningún otro lugar del territorio nacional y esto es una cuestión de solidaridad y el agua tiene que llegar», ha añadido.
Asimismo, Císcar ha reiterado que «el Gobierno valenciano va a presentar -y, de hecho, la Abogacía de la Generalitat ya lo está preparando- un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas y Ríos de Aragón porque no se puede blindar un río desde una comunidad autónoma».
En este sentido, ha señalado también que le ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe contra esa ley, y se ha mostrado convencido de que así lo va a hacer va a hacer, dado que «una cuenca de un río no puede quedar en manos de una comunidad autónoma, sino que tiene que ser el Estado quien regule y quien legisle».
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