Los presidentes de las dos organizaciones anuncian la defensa conjunta de la agricultura y exigen una reunión con los responsables públicos autonómicos para que expliquen el motivo de esta decisión
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante y ASAJA Alicante entienden que es necesario manifestar claramente que la abstención realizada ayer jueves en el Consejo Nacional del Agua, en la votación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo, deja en evidencia la falta de claridad y contundencia del Consell valenciano en la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia de Alicante. Además, esta decisión deja en entredicho el acuerdo anunciado por El Consell y el Gobierno la pasada semana, por el que fijaba el incremento de caudales en 7 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del Tajo, lo que permitiría mantener el trasvase hasta 2026.
Por tanto, las dos entidades estiman necesario reunirse de forma urgente con los responsables públicos autonómicos para conocer el motivo esta decisión y en qué situación queda el acuerdo previo por el que se va iba a dejar el caudal ecológico del Tajo a 7 metros cúbicos en lugar de a 8,6. En concreto, la disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto de revisión de los Planes Hidrológicos de las distintas Cuencas. Asimismo, comunican que trabajarán de forma conjunta y sin descanso para impedir que se lleven a cabo los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura.
Tanto CEV Alicante como ASAJA Alicante siguen denunciando que las decisiones tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica no tienen justificación técnica, ya que ni consta ninguna evaluación rigurosa del beneficio medioambiental de elevar los caudales ecológicos del Tajo ni se ha analizado el enorme daño socioeconómico que estas decisiones están provocando en la cuenta del Segura. Si esto se consuma el déficit estructural de la cuenca del Segura, no solo no disminuirá, sino que aumentará, acrecentándose los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a esta Demarcación Hidrográfica.
El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha señalado que “nos sentimos engañados ante la desvinculación por parte de la Secretaría de Estado del pacto entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana que, en un primer momento, habíamos interpretado como un cambio leve en la tendencia de eliminar el Trasvase-Tajo Segura. Sin embargo, con esta decisión, se confirma la intención progresiva de suprimir el Trasvase Tajo-Segura, obviando de forma irresponsable el daño que va a provocar a las empresas que dependen de este suministro, y por tanto a las personas trabajadoras que perderán su empleo sin ofrecer una alternativa real y viable a este suministro”.
Pérez ha añadido que “este es un daño que se está produciendo ya, porque ante estas decisiones nadie puede pensar en invertir en sectores que dependan del agua en Alicante, la incertidumbre es enorme y además agrava la profunda crisis de costes y reducción del consumo previsible por la recesión económica”.
Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha afirmado que “estamos en una situación muy delicada, pues no contamos con información veraz ni objetiva de lo que hacen o pretender hacer con el agua. Este Ministerio está jugando de manera desleal con una actividad económica esencial como es la agricultura”.
“La única certeza que tenemos es que, a partir de enero de 2023, los recortes del trasvase Tajo-Segura van a dificultar el mantenimiento de la superficie agraria útil, poniendo en riesgo la producción de frutas y hortalizas en fresco, hecho que supondrá una grave amenaza para el sector agrario del Mediterráneo”, ha señalado Andreu.
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