La Audiencia confirma las condenas impuestas al empresario Ángel Fenoll y a otros siete cooperadores por la alusión de pagos a la Agencia Tributaria mediante facturas falsas y cuotas de IVA ficticias
El empresario oriolano, Ángel Fenoll, que dio origen al mayor proceso de corrupción investigado en la provincia de Alicante, caso Brugal, ha recibido la condena firme de prisión. La pena impuesta por los juzgados de Orihuela acaba de ser confirmada por la sección VII de la Audiencia de Alicante con sede en Elche y condena a Fenoll, en calidad de autor, y a otros siete empresarios, como cooperadores por urdir una trama falseando facturas, donde se elude el pago de más de cuatro millones a Hacienda.
Ante esta resolución que puede incluso derivar en un ingreso en prisión, no se puede interponer recurso alguno. En manos del juzgado queda la decisión sobre su entrada en prisión, ya que Fenoll presenta una enfermedad degenerativa.
La sentencia que se dictó en mayo de 2020 por el juzgado de Lo Penal número 3 de Orihuela ya impuso un año y seis meses de cárcel por cada uno de los cinco de delitos contra la Hacienda Pública y otro por delito continuado de falsificación en documento mercantil como único administrador de las empresas Colsur y Proambiente en el momento que tuvieron lugar tales actos. La resolución mantiene que el empresario defraudó 4.336.328 euros a Hacienda por lo que se impone una multa de 8,6 millones de euros.
El veredicto sitúa a Fenoll como el cabecilla de una trama de facturas falsas con las que se llegaron a defraudar más de cuatro millones de euros a Hacienda por las liquidaciones del Impuesto de Sociedades de los años 2005 y 2006.
Las condenas de esa primera instancia ya están ratificadas y su suma asciende a decenas de años de prisión por un total de 17 delitos contra la Hacienda Pública y tres de falsedad en documento público, además de las multas ya impuestas por el importe que se defraudó y las indemnizaciones que debe cumplir por responsabilidad civil.
El magistrado Manel Martínez Aroca, junto a Mercedes Matarredona y Carmen Valverde, ha dictado una resolución en la que se rechazan las alegaciones de las defensas de los encausados ratificando la sentencia ya impuesta por la jueza Belén Fernández en Orihuela.
Ya en el año 2010 la Agencia Tributaria abrió un procedimiento de inspección del Impuesto de sociedades e IVA de las empresas Colsur y Proambiente durante los años 2005 y 2006 . Dicha inspección arrojó como resultado que el empresario de las basuras liquidó a Hacienda cantidades inferiores a las que le correspondía legalmente «empleando facturas que reflejaban gastos y cuotas de IVA ficticios porque no respondían a servicios prestados ni eran gastos reales».
Martínez Aroca es conocido por haber criticado a la Agencia Tributaria en otro procedimiento donde también figuraba Fenoll junto a otros empresarios, cuya sentencia fue anulada finalmente. En la sentencia se puede leer que «no se aprecia una conducta fraudulenta por parte de los empresarios» y que por ello «no se puede hablar de irregularidades».
El empresario oriolano orquestó cautelosamente un desfalco de acuerdo con el resto de acusados que, «como proveedores, imputaban dichos gastos o ventas y cuotas facilitándole la anotación de tales gastos y facturas para falsear las declaraciones de impuestos». Con este mecanismo se pretendía disminuir la base imponible del Impuesto de Sociedades aumentando a su vez el IVA deducible y consecuentemente el impuesto final a Hacienda.
Gracias a este engaño tan solo tuvo que abonar poco más de 4 millones de euros en dos años de las dos empresas de Fenoll, Colsur y Proambiente. Cabe recordar que el empresario era quien gestionaba la recogida de basuras de la Vega Baja y municipios adyacentes de la Región de Murcia al ser el único vertedero de la zona.
La condena se extiende también a colaboradores como Higinio Sánchez en el rol de cooperador necesario, con una multa de 1,9 millones de euros y un año y cuatro meses de prisión, mientras que a Juan Antonio y Aurelio Escolano Belmonte, que se les imputan cinco delitos contra la Hacienda Pública, se les condena a un año y cuatro meses cada uno y al pago de una multa de 2,1 millones euros. Por delito fiscal, la pena también se extiende a Ambrosio Corbalán y Fernando Gasso, para quienes la pena es de un año y dos meses de prisión y una multa de 712.272 euros. A Diego y Rufo Martínez se le acusa de otro delito contra la Hacienda Pública y el pago de una multa de 666.000 euros.
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