Considera la adjudicataria no debería recaudar la tasa municipal, mientras que el equipo de gobierno les acusa de «poner trabas» a su trabajo
El grupo municipal Cambiemos ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, el nuevo contrato de la ORA suscrito entre el Ayuntamiento de Orihuela y la empresa Setex Aparki.
Los motivos, expuestos este miércoles por la edil Marta Guillén, son fundamentalmente dos: que incumple la Ley de Contratos Públicos y que se establece que es la empresa la que recauda los beneficios y a cambio otorga un canon fijo a las arcas municipales independientemente de los beneficios que obtenga.
Guillén ha defendido que debería ser al contrario, tendría que ser el Ayuntamiento el encargado de recaudar por este servicio, ya que la zona azul es una tasa municipal. Y, a su juicio, «lo contrario se sale de la legalidad porque las tasas municipales deber ser recaudadas directamente por la administración local».
«Consideramos inadmisible que se haya redactado un contrato tremendamente beneficioso para la empresa», ha dicho.
Otro de los puntos que han recurrido es que el servicio de la zona azul tiene calificación en el contrato de «servicio básico», mientras que desde Cambiemos consideran que la regulación del aparcamiento no es ninguna necesidad básica que se esté gestionando para los ciudadanos, sino un servicio complementario.
El concejal del equipo de gobierno, Dámaso Aparicio, se hizo eco ayer de este recurso, del que se dio cuenta en la Junta de Gobierno. El popular defendió el procedimiento seguido para la contratación de la ORA y acusó a los ediles de Cambiemos de «poner trabas» a las gestión del ejecutivo local. «Es el mismo contrato que se hace en toda España», defendió, al tiempo que se mostró confiado en que el recurso no prosperase. Aunque de hacerlo aseguró que no sería vinculante.
Este extremo ha sido hoy rebatido por la concejal Marta Guillén, quien ha asegurado que las resoluciones del Tribunal Administrativo si son vinculantes, e incluso el órgano podría paralizar el contrato mientras estudia el recurso. Aunque desde Cambiemos han asegurado que «no tenemos certeza de que vaya a prosperar».
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