Acusan al Gobierno Local de gestionar la zona azul «según lo que les dicta la empresa» para aumentar su beneficio y denuncian que la ampliación de plazas en el entorno del Severo Ochoa se hizo a exigencia de la mercantil
Cambiemos Orihuela ha comparecido para dar cuenta de otra de las mociones que llevarán al Pleno del mes de enero en el Ayuntamiento. La propuesta gira en torno a dos ejes. Por una parte, reactivar la Mesa de Movilidad Sostenible, un órgano que, señalan, apenas se convocó tres veces antes de las elecciones de 2019 «para que el Gobierno tuviera otra foto de campaña» y que, tras ello, quedó desactivada. Consideran que se debe implementar políticas de peatonalización, fomento de la movilidad ciclista, fortalecimiento del transporte público y, también, cambios en la regulación del aparcamiento.
«Tanto la pandemia como la crisis climática obligan a los municipios a repensar sus lógicas de movilidad, pero el Gobierno de Orihuela no hace otra cosa que pseudo-peatonalizaciones cutres a base vallas y ampliaciones de la zona azul para proteger el interés de una empresa», denuncia Carlos Bernabé. Por ello, consideran fundamental reactivar la Mesa de Movilidad para hacer políticas «serias y bien organizadas», en ese sentido.
Por otra parte, la moción se centra en la situación de la regulación del aparcamiento en el municipio, la popularmente conocida como Zona Azul. «Ya alertamos en 2015 que el sistema de externalización de la Zona Azul parecía más diseñado para ampliar el beneficio de la empresa que para mejorar la movilidad y el aparcamiento en el municipio y los hechos nos han dado la razón». En ese sentido, Bernabé ha señalado como último hito la ampliación de la zona azul en el entorno del parque Severo Ochoa, derivada del incremento del espacio para las terrazas de hostelería que habrían pasado a ocupar antiguas plazas de zona azul. «Es gravísimo, porque el Ayuntamiento hizo la ampliación de plazas a petición de la empresa, que fue la que decidió qué calles quería controlar». Desde Cambiemos destacan que esa ampliación «es fraudulenta desde el punto de vista técnico, porque las razones esgrimidas no están previstas el contrato». Pero, además, califican esa ampliación como una «estafa política, puesto que es gravísimo que un Gobierno Local mercantilice unas plazas de aparcamiento sólo porque se lo pide la empresa que lo gestiona y lo haga sin ningún criterio de movilidad o interés general».
En ese sentido, Bernabé manifiesta la evidencia de que en el entorno del parque Severo Ochoa no hay ni gran densidad comercial ni graves problemas de aparcamiento. De hecho, explican que si se amplió la Zona Azul a esas calles fue porque era «lo más cómodo y lucrativo para la empresa. Es un fraude y es una estafa», reiteran.
Por ello proponen que, además de revertir y suprimir esa ampliación de la Zona Azul, se cree un grupo de trabajo para fiscalizar el contrato, que caducará en febrero de 2022.»Debemos plantear alternativas. Una cosa es regular el aparcamiento, con lo que estamos de acuerdo, pero otra muy distinta privatizarlo salvajemente con el único objetivo de aumentar negocio privado». Por este motivo insisten en la importancia de cambiar el modelo de movilidad y de facilitar aparcamientos disuasorios. En cualquier caso, lamentan la gravedad de tener «un Gobierno entre vago y acobardado que no gobierna en base a un criterio de interés general, sino que se limita a obedecer el criterio privado de empresas privilegiadas.»
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