La denuncia afectaría a inmuebles ubicados en el casco histórico de la ciudad y según denuncian «no se trata solo de una cuestión urbanística, sino de una red de explotación residencial que viola la dignidad de las personas más vulnerables de nuestra ciudad»
El grupo municipalista Cambiemos Orihuela ha presentado hoy ante la Concejalía de Urbanismo una denuncia formal por múltiples infracciones urbanísticas y de habitabilidad que afectarían al menos a 18 inmuebles ubicados en el casco histórico de la ciudad que habrían sido cometidas por diferentes empresarios y mercantiles.
Los hechos denunciados afectan, en concreto, a una serie de viviendas propiedad de particulares y de una empresa encargada de la gestión de al menos 18 viviendas ubicadas en el casco histórico de Orihuela, y sin que se descarte el desarrollo, por parte de otras mercantiles, de la misma clase de actividades.
Según ha documentado el grupo municipal Cambiemos Orihuela, estas viviendas habrían sido, presuntamente, reformadas sin licencia, con el objetivo de multiplicar el número de habitaciones disponibles para destinarlas a alquiler de habitaciones, eliminando espacios comunes como cocinas o salones y llegando a alojar hasta 30 personas en superficies de poco más de 100 m². Muchas de estas personas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, lo que, a juicio de Cambiemos, «está siendo aprovechado para lucrarse ofreciendo condiciones indignas de alojamiento».
Además, el grupo municipal advierte de que varias de estas viviendas podrían encontrarse en situación de ruina, sin haber pasado las inspecciones técnicas obligatorias, lo que supone un grave riesgo para la integridad de sus residentes, las fincas colindantes y el conjunto del entorno urbano.
La denuncia pone también el foco en el posible uso que se estaría dando a los inmuebles, que estarían, presuntamente, siendo alquilados por habitaciones en régimen de temporada, sin cumplir la normativa hotelera ni contar con las licencias pertinentes. Esta práctica permitiría eludir los controles legales y técnicos establecidos para los alojamientos turísticos, además de suponer una clara competencia desleal y una amenaza para la seguridad de quienes residen en estos espacios.
Igualmente, se denuncia un posible abuso relacionado con los procesos de empadronamiento. Según diversos testimonios, los arrendadores estarían exigiendo el pago de 300 euros para entregar un contrato de alquiler que permita empadronarse en Orihuela. Esta práctica podría constituir un presunto delito de estafa, al condicionar un derecho básico como el empadronamiento, imprescindible para acceder a servicios públicos como la sanidad, la educación o las ayudas sociales, al pago indebido de una cantidad de dinero.
Ante esta situación, Cambiemos Orihuela exige al Ayuntamiento una actuación inmediata y contundente: inspección de los inmuebles, verificación del uso real al que están siendo destinados y apertura de los correspondientes expedientes sancionadores y de restablecimiento del orden legal. «No podemos permitir que el centro histórico de nuestra ciudad se convierta en un campo de negocio inmobiliario salvaje a costa de quienes más lo necesitan», ha afirmado Quique Montero, concejal del grupo.
Además, Cambiemos ha solicitado informes a las concejalías de Urbanismo, Estadística y Servicios Sociales, con el fin de aclarar la situación legal y administrativa de los inmuebles afectados, así como de recopilar toda la información necesaria para detectar posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Al área de Urbanismo se reclama un informe sobre la existencia o no de licencias de obra, licencias de actividad o declaraciones responsables que amparen las reformas realizadas, así como sobre la normativa que regula el uso de los inmuebles como alojamientos por habitaciones y los requisitos que deberían cumplir para legalizar dicha actividad.
A la Concejalía de Estadística, por otra parte, se le ha solicitado información sobre el uso del padrón municipal en estas viviendas y sobre posibles irregularidades en los procedimientos de empadronamiento, con el objetivo de identificar si existe un patrón de abusos que esté dificultando el acceso de personas vulnerables a este derecho fundamental.
A Servicios Sociales se pide un informe sobre la posible intervención de personal técnico en estos inmuebles, la existencia de actas, informes o derivaciones sociales derivadas de la situación de hacinamiento y precariedad detectada.
«Hay vecinos que desde hace tiempo alertan de prácticas similares, aunque más disimuladas, a cargo de otros sujetos o entidades responsables, en zonas como la calle Pintor Agrasot. También lo investigaremos, pero es el Gobierno Local quien tiene la responsabilidad de actuar. No se trata solo de una cuestión urbanística, sino de una red de explotación residencial que viola la dignidad de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Es imprescindible que el Ayuntamiento actúe con determinación y deje de mirar hacia otro lado», ha señalado el concejal del grupo municipal
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