Callosa de Segura exige a Subdelegación del Gobierno más medios policiales para identificar a personas en situación irregular

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La pasada semana se detuvo a siete personas entre Callosa y Crevillente por traer a menores no acompañados con pasaportes falsos

La pasada semana la Policía Nacional detuvo a siete personas entre Callosa y Crevillente por traer a MENAS (menores no acompañados) hasta la península a los que cobraban 1000 euros por cada menor que traían con pasaportes falsos, según la nota de propia Policía Nacional.

Lo menores marroquís estaban tutelados en centros de acogida de Canarias y era su familia la que pagaba, desde Marruecos o por otras vías, a los pasadores para que se realizara el viaje, organizado por los cabecillas de la red ilegal, que residían en Callosa de Segura, Crevillente y Lorca.

El juzgado que instruye la causa acordó el ingreso en prisión de los 2 cabecillas de la red, dentro de la operación Akrón. Los otros 5 arrestados han quedado en libertad con cargos.

La concejala de Seguridad, Rocío Cuadrado indica que «desde nuestra llegada al Ayuntamiento en junio de 2019, ya dimos muestras de que esta era una prioridad para nosotros solicitando el 14 de octubre de 2019 a la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de una Junta Local de Seguridad, en la que incluimos en el orden del día como punto quinto, la ‘Solicitud de Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, competentes en extranjerías para la regulación de ciudadanos en situación ilegal en el municipio y control de documentación acreditativa de residencia legal en España'».

«En este sentido continuamos con nuestra reclamación, volviendo a solicitar el 1 de diciembre de 2020 una nueva convocatoria de Junta Local de Seguridad a Subdelegación, incluyendo en el punto séptimo del orden del día la ‘solicitud de unidades del Cuerpo Nacional de Policía para la regulación de ciudadanos en situación ilegal en el municipio, control de grupos de menores extranjeros no acompañados y realización de controles de documentación acreditativa de residencia legal en España'».

Rocío Cuadrado subraya que «queremos hacer pública esta reclamación a Subdelegación de Gobierno, porque creemos que no se está tomando todo lo enserio que se debería, esta reclamación de muchos municipios de la comarca. Necesitamos que se pongan los medios para solventar los problemas de convivencia e inseguridad que nos estamos encontrando derivados de que menores sin arraigo familiar, sin compañía, sin medios para mantenerse y trabajar, deambulen por nuestras ciudades, quedando abocados a caer en las garras de otro tipo de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes, prostitución, etc,».

«Solamente desde el Gobierno Central y Autonómico pueden ponerse los medios para que estas situaciones no se repitan y desde la Administración Local reclamamos que trabajen en este sentido, para que esta difícil situación no llegue a convertirse en una situación límite sin solución», concluye.

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