La Consellera de Justicia visita Orihuela y anuncia que el próximo jueves una mesa técnica compuesta por abogados expertos dirimirá sobre la viabilidad de la reversión
La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha visitado este miércoles Orihuela donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Emilio Bascuñana, y ha manifestado su voluntad de solucionar antes del verano el conflicto que mantienen la Generalitat y el Ayuntamiento por los antiguos juzgados.
La deuda histórica que arrastra el Consell a cuenta de la construcción del Palacio de Justicia, que fue pagado con fondos municipales a pesar de ser competencia del Consell, ha centrado el encuentro del que se ha salido con fecha para realizar una mesa técnica compuesta por abogados del Consistorio y de la Generalitat así como por juristas independientes de los colegios de abogados de Valencia y Alicante para dirimir una solución que contente a las dos partes. Será el próximo jueves, 19 de mayo.
Bravo ha optado por no adelantar acontecimientos y esperar a que esta mesa técnica mantenga una primera reunión para saber qué pasos tendrán que darse a partir de entonces, aunque ha mostrado en varias ocasiones la voluntad de llegar a un acuerdo pacífico con el Ayuntamiento, ya que ha reconocido la deuda de la administración valenciana con Orihuela. «Diez años utilizando una sede judicial sin ningún tipo de contraprestación no es una situación normal», ha dicho.
El equipo de gobierno (PP) ya propuso al Consell la reversión de la titularidad de los antiguos juzgados por considerarla, tal y como ha reiterado hoy Emilio Bascuñana, la solución “más rápida y efectiva” y amparada por los juristas consultados por el Ayuntamiento.
Al respecto, la consellera de Justicia ha dicho que «si los técnicos dicen que la reversión es viable no tendremos ningún problema en aceptar», aunque cabe recordar que la dirección general de Patrimonio –dependiente de la Conselleria de Hacienda- ya emitió un informe en el que consideraba inviable la propuesta del equipo de gobierno oriolano porque ya había pasado el plazo legal para llevar a cabo lo que solicita el gobierno local.
En este sentido, la responsable de Justicia ha considerado que en este punto «no se trata de un desencuentro político sino de una discrepancia jurídica», y ha mostrado su confianza en que los expertos juristas puedan arrojar soluciones a la situación.
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