La consellera de Justicia se reúne con los alcaldes y alcaldesas de 15 municipios costeros para explicar los pormenores de la normativa para el uso seguro de los arenales entre ellos Guardamar del Segura y Orihuela
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido este lunes con los alcaldes y alcaldesas de Gandia, Dénia, Sagunt, Benidorm, Xàbia, Cullera, Benicàssim, Orpesa, Altea, Santa Pola, Guardamar del Segura, Orihuela, Alboraia, Peñíscola y Sueca para ofrecerles la ayuda del Consell para elaborar los planes de contingencia y salvamento que las corporaciones locales deben tener para el uso seguro de las playas.
Bravo les ha explicado a los y las primeros ediles de estas localidades costeras el contenido del borrador del decreto para salvaguardar la seguridad y mejorar la coordinación de emergencias y la protección civil en las playas de la Comunitat Valenciana, que aprobó el pasado viernes el pleno del Consell para su tramitación por la vía de urgencia.
La consellera ha detallado que con esta norma «disponen de una herramienta legal que permite confluir las acciones de todas las administraciones en el marco de la seguridad de la protección civil para que la ciudadanía sepa que la Gemeralitat trabaja de forma coordinada con sus ayuntamientos para conseguir que nuestras playas sean lo más seguras posibles».
También ha señalado que este marco normativo «mejora las capacidades para gestionar y coordinar cualquier emergencia en materia de protección civil y seguridad ciudadana».
Bravo ha recordado a los alcaldes y alcaldesas que cada ayuntamiento ha de elaborar un plan de contingencia específico para garantizar las medidas de seguridad mientras dure la amenaza de la COVID-19. Para ello, contarán con las pautas recogidas en la guía elaborada por la Secretaría Autonómica de Turisme, en la que han participado personal técnico de toda la Generalitat, y las indicaciones recogidas en la orden del Ministerio de Sanidad del pasado 23 de mayo.
Una vez aprobado cada plan en su respectivo pleno municipal, se remitirán a la Conselleria de Justicia en un plazo de quince días. «Todos coincidimos en la necesidad de ofrecer seguridad en las playas y se trata de dar garantías a la ciudadanía en esta situación de emergencia sanitaria», ha recordado Bravo.
En este sentido, la consellera de Justicia e Interior ha asegurado que la Generalitat quiere aportar la máxima colaboración en todas las actuaciones necesarias para la coordinación en la seguridad en las playas respetando la autonomía municipal y ha brindado «toda la ayuda para que los ayuntamientos que lo requieran puedan contar con el asesoramiento de los técnicos de la Agencia de Seguridad y Emergencias para la elaboración de los Planes de Contingencias».
Bravo también ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas que la nueva norma también contempla que, en el plazo de seis meses, los consistorios tendrán que contar con un Plan de Salvamento y Seguridad para las playas que por sus condiciones de peligrosidad o mayor afluencia de público así lo requieran.
Este protocolo se deberá inscribir en el Registro de Planes de Autoprotección de la Generalitat. Así, en caso de que se produzcan situaciones de emergencias se contará con las características de esas localizaciones y servirá para facilitar las acciones necesarias.
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