La Consellera de Justicia y el alcalde acuerdan crear una comisión técnica que arroje luz sobre la reversión de la antigua sede judicial
La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se encuentra de visita en Orihuela donde ha manifestado su voluntad de llegar a un «acuerdo pacífico» con el Ayuntamiento para solucionar la deuda histórica que arrastra el Gobierno de la Generalitat a cuenta de la construcción del Palacio de Justicia, que fue pagado con fondos municipales a pesar de ser competencia del Consell.
Bravo, que se encuentra en Orihuela para participar en un acto de partido con el PSOE, ha atendido a los medios de comunicación en la sede socialista. Allí ha indicado que «estamos hablando con el equipo de gobierno desde el primer día porque entendemos que esta cuestión debía haberse resuelto ya». «Es difícil entender que dos instituciones antes de poner en marcha las obras no fijarán a través de un convenio cuáles debían ser las obligaciones del gobierno autonómico y del municipal», ha dicho al respecto.
La responsable de Justicia de la Comunidad Valenciana ha explicado que ha mantenido diversas conversaciones con el alcalde, Emilio Bascuñana, y que tiene previsto volver a Orihuela en el mes de mayo para realizar una visita oficial tanto al Consistorio como a las sedes judiciales. En esas conversaciones la consellera le ha manifestado al regidor su voluntad de llegar a un acuerdo «porque entendemos que la obligación por parte de Justicia es asumir el coste que los peritos hagan de la nueva sede judicial y esperamos llegar a un acuerdo en este asunto».
Con respecto a la solicitud de reversión de los antiguos juzgados que el Ayuntamiento solicitó hace unas semanas para recuperar la titularidad del edificio situado frente a la Iglesia Santa Justa y Rufina, Bravo ha explicado que es necesario resolver primero la deuda del Palacio de Justicia.
En este punto hay criterios diferentes entre los servicios jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento, ya que desde la dirección general de Patrimonio (dependiente de Hacienda) se emitió un informe echando atrás la viabilidad legal de la reversión, mientras que Emilio Bascuñana ha manifestado esta misma mañana que el Consistorio continua con el proceso de reversión porque «tenemos informes favorables de nuestra asesoría jurídica».
«Le he trasladado al alcalde que en el caso de que finalmente no se accediera a esta reversión porque desde el punto de vista legal no hay un motivo que la sustente, desde luego nuestra voluntad es llegar a un acuerdo en el ámbito económico», ha señalado al tiempo que ha indicado que «nos sentaríamos a valorar y a fijar la tasación de ambas sedes y buscar un negocio jurídico como una permuta para llegar a un acuerdo y dar una solución pacífica».
Tanto el alcalde como la consellera han llegado a un acuerdo para fijar una comisión técnica con expertos de una parte y otra para que diluciden la cuestión con respecto a la reversión. «Es una manera de buscar una medida extrajudicial que adelante la solución del problema», ha finalizado.
Por su parte, el primer edil oriolano ha manifestado esta mañana ejercer ese derecho a la reversión hasta sus últimas consecuencias porque hay que velar por el interés de los ciudadanos de Orihuela.
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