La consellera preside la constitución de la Comisión para la Acreditación Lingüística que establecerá los criterios para elaborar el informe del Reglamento de la Ley de la Función Pública Valenciana
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que los criterios para la elaboración del reglamento que regulará el nivel de competencia lingüística para acceder a un puesto de trabajo en la Generalitat serán «razonables y proporcionales en la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional».
La consellera se ha expresado tras el acto de constitución de la Comisión de Estudio para la Acreditación de la Competencia Lingüística en la Función Pública Valenciana que se ha celebrado este miércoles en València.
Esta comisión se encargará de proponer los criterios generales que servirán de base para regular la acreditación de los conocimientos de valenciano que serán necesarios para participar en los procesos de selección del personal al servicio de la Generalitat.
«Este es un día importante -ha dicho la consellera- porque teníamos una deuda histórica pendiente ya que éramos la única comunidad autónoma con dos lenguas que no tenía incorporada a la ley la exigencia de capacitación lingüística»
La comisión, compuesta por diez personas, está presidida por Emili Sampio, subsecretario de Presidència de la Generalitat, con Belén Cardona, subsecretaria de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública como coordinadora. Los vocales son Miguel Soler, secretario autonómico de Educación; David Alfonso, director general de Función Pública; Vicente Serra, subdirector de Ordenación y Régimen Jurídico; Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística; Eva Coscollá, subsecretaria de la Conselleria de Educación; Gemma Lluch, catedrática de Filología Catalana de la Universitat de València; Antoni Mas, profesor titular de Sociolingüística del departamento de Filología Catalana de la Universitat d’Alacant y Gracia Mateu, subdirectora general del Instituto Valenciano de Administración Pública.
Esta comisión se crea para cumplir con lo establecido en la nueva Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada el pasado 16 de abril, que dice que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, se elaborará un reglamento que determinará qué grado de conocimientos de valenciano serán exigibles según los pues-tos a los que se oposite. De esta forma, la comisión elaborará los criterios que se desarrollarán en el reglamento que estará aprobado en el plazo de un año.
«No queremos que el valenciano se convierta en un elemento de confrontación -ha dicho la consellera- que es en lo que lo ha convertido la oposición» come-tiendo, a su juicio «una grave irresponsabilidad». Para Gabriela Bravo, «el valenciano es una seña de identidad y una riqueza cultural que tenemos la obligación de fomentar sin provocar ningún tipo de discriminación.
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