19 han sido de adolescentes de Secundaria y dos menores de doce años de Primaria
El concejal de Bienestar Social, Emilio Zaplana, ha hecho balance del desarrollo del programa contra el absentismo escolar puesto en marcha el pasado mes de noviembre por la Concejalía de Bienestar Social en coordinación con las de Educación y Seguridad Ciudadana y consensuado con la inspección educativa. Desde su inicio ya ha atendido un total de 21 casos, dos de ellos de niños de Primaria y 19 de Secundaria. Del total, 12 fueron alertados por la patrulla de la Policía Local dedicada al absentismo y nueve por los propios centros escolares.
Zaplana ha reconocido que la primera intención fue contratar un trabajador social que coordinara el programa, pero ante la imposibilidad legal de hacerlo se optó por desarrollar en un programa más operativo que el que había en marcha, ya que ahora existe un protocolo que concreta las funciones que debe realizar cada concejalía.
Los alumnos que dejan de ir a clase son tratados, según Zaplana, en función de si estudian en Primaria (hasta 12 años) o Secundaria (de 12 a 16), ya que en el primer caso “puede haber más dejación de los padres”, y si se valora que existe desprotección infantil, se traslada el caso a los servicios específicos de protección del menor del Ayuntamiento para afrontar la intervención social correspondiente.
En el caso de los alumnos de Secundaria, la primera opción es descartar la necesidad de adopción de medidas de protección. Si se da el caso, se sigue el mismo procedimiento que con los de Primaria. Si no, se estudia en el servicio de atención al adolescente y sus padres, que son atendidos en seis sesiones con apoyo psicológico porque, según Zaplana, “muchas veces el absentismo se deriva de problemas de incomunicación” familiar.
Cada caso tiene un seguimiento de tres meses. Si todo va bien, al cabo de ese tiempo se cierra, pero si no se produce la reincoporación del alumno a su centro educativo, se notifica a la inspección y se pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores, ya que los padres asumen su responsabilidad en la enseñanza obligatoria de sus hijos.
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