Gobernar contra la voluntad de un pueblo es imposible. Ya lo decía Francisco de Quevedo: «donde no hay justicia es peligroso tener razón». Y eso precisamente es lo que está pasando actualmente en municipios de la Vega Baja como Albatera, Cox, Granja de Rocamora o San Isidro. Ellos no quieren el plan zonal de residuos Vega Baja. Lo tienen claro. Y a mí me parece bien y además a propósito de esto me viene a la cabeza la frase que pronunció el profesor Luis Peña Kanafany y que se ha convertido en un clásico dentro del mundo de la justicia: «más vale poco con justicia que mucho con derecho».
Yo, si fuera presidente de la Diputación, haría lo siguiente para atajar el conflicto:
1º.- Anulo la adjudicación.
2º.- Pago la indemnización.
3º.- Saco un nuevo pliego de condiciones propio del siglo XXI y en ese momento que sea el adjudicatario el que pague la indemnización.
Problema resuelto. ¿Tan difícil ha sido?
Cuando empecé en política en la Vega Baja, hace ya muchos años, nos animábamos y con ‘animus iocandi’ nos decíamos «cualquiera puede llegar a ser presidente de la Diputación» y después de tanto tiempo estoy empezando a creerlo.
Desde hace tiempo estoy viendo el trabajo encomiable de Rosario Ballester en Albatera, luchando hasta hace bien poco sola, con la valentía que lleva innata defendiendo a sus ciudadanos de cacicadas y estoy seguro que algún día afrontará empresas más grandes en su municipio.
Mención aparte merecen los vecinos de Cox en su reivindicación, firme y segura, ejemplo de la unión ante la injusticia, y que con su postura ante la sinrazón están despertando las conciencias en la Vega Baja.
Estoy seguro de que vendrán más municipios a continuación: Callosa del Segura, Granja de Rocamora, San Isidro, Bigastro, Algorfa, Daya Vieja, etc. Y el tiempo tamizará en los demás pueblos el derecho y la justicia, que no es más que se respete la autonomía local.
El principio del Derecho Comunitario del Medio Ambiente afirma que «quien contamina paga» y los costes de la contaminación han de imputarse a la gente contaminante. Hoy estas afirmaciones no deben ser tan rotundas en el caso que nos ocupa porque las tecnologías actuales, las leyes y la conciencia medioambiental hacen que las cosas, como los tiempos, cambien. Por eso en este caso no estoy de acuerdo. Y no lo estoy porque, como no me canso de repetir, los residuos orgánicos de una ciudad –lo mismo que las aguas residuales- tienen que ser riqueza para dicho municipio convirtiéndose en fuentes de ingreso porque estamos en el S. XXI, un tiempo donde el reciclaje es un valor en alza.
Por eso digo, afirmo -y lo mantendré- que los únicos interlocutores del plan de residuos de la Vega Baja tienen que ser Orihuela y Torrevieja. Y en consecuencia en junio de 2015 una de mis primeras citas será con el alcalde o alcaldesa de Orihuela para resolver este problema.
Así que tomen nota todos aquellos políticos de partidos nacionales, soldados estacionales unos y patriotas de temporada otros, de que «gobernar a veces significa que tenemos que rectificar».
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