La alcaldesa de Bigastro asegura que «ni se ha denunciado a personas ni se ha perseguido a nadie», tal y como manifestó el socialista Raúl Valerio Medina
La polémica en torno al presunto fraude relativo al “pago y cotización con dinero público” a la Seguridad Social Agraria a favor de medio centenar de vecinos que, al parecer, “no ostentaban la condición de trabajadores del Ayuntamiento”, y cometido supuestamente por el exalcalde socialista, Raúl Valerio Medina, sigue muy presente en la política de Bigastro.
Y es que, en el día de hoy, la alcaldesa Charo Bañuls (PP) ha enviado un comunicado donde asegura que la denuncia presentada en abril de 2013 iba dirigida a los responsables políticos, y no contra los vecinos de la localidad, a los que “no se ha perseguido”, tal y como aseguraba hace unos días Medina a su salida del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, donde declaró como imputado por esta causa junto al también exregido, José Joaquín Moya.
Según la denuncia presentada, ambos podrían hacer incurrido en un posible delito de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude y exacción ilegal.
“A dichas personas las considera víctimas de esos desaprensivos responsables políticos porque las engañaron y les hicieron creer que no pasaba nada cuando Medina, que ha estudiado algunos cursos de Derecho, sabía que estaba cometiendo irregularidades”, ha dicho la alcaldesa.
Bañuls ha defendido en este comunicado que el PP puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción estos hechos al considerarlos presuntamente “delictivos e ilícitos”, y ha insistido en que no se hizo por “odio personal ni político”, sino porque es su “obligación” poner en conocimiento de los juzgados “cualquier tipo de irregularidad”.
Por otro lado, la popular ha calificado de “auténtica risa” las declaraciones de Medina en las que aseguraba que “no” se había “acreditado nada” de lo que se le acusaba, al tiempo que le ha acusado le “mentir” al decir que durante su mandato -entre 2008 y 2011- solo dio de alta a dos personas porque, según sus palabras, “existe un acta de inspección con fechas y había más de diez personas”.
En este sentido, ha sentenciado que “no se han ocultado pruebas”, como asegura Medina, porque en la denuncia se pone de manifiesto que el Ayuntamiento “no estaba al corriente de sus pagos a la Seguridad Social, por lo que estos impagos son objeto de un convenio de aplazamiento con la misma”.
Por último, ha anunciado que se le “abrirá -a Raúl Valerio Medina- expediente de responsabilidad patrimonial” para que sea él quien pague la multa, de 60.000 euros, impuesta por Inspección al Ayuntamiento por “cometer el fraude de dar de alta a personas sin estar trabajando”.
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