Emilio Bascuñana Galiano
Alcalde de Orihuela
A las puertas del nuevo inicio de curso escolar, la peor de las previsiones se ha cumplido a golpe de un “decretazo” de segunda vuelta que cree haber esquivado una sentencia judicial, a sabiendas del daño que puede producir entre las familias que han visto en este último año como el señor Marzà ha atentado contra su libertad de elección y de educación en la vida académica de sus hijos. Lo más importante y lo que más valoramos en la vida, nuestros hijos.
Un conseller que ha confundido su responsabilidad institucional como un derecho a hacer lo que le plazca y no gobierna para todos los valencianos por igual, los castellanohablantes y valencianohablantes. Si algo se espera de nosotros, como responsables institucionales elegidos por los propios ciudadanos en unas elecciones, es que sepamos escuchar, entendamos sus problemas y hagamos todo lo posible para solucionarlos, pero nunca, desde luego, generarlos.
Pero claro, ¿qué podemos esperar de un conseller que no se ha dignado en estos dos años de gobierno del “Botánic” a pisar la Vega Baja, a pesar del malestar que los centros, las AMPAS y toda la sociedad a la que “representa”?. Le hemos trasladado por activa y por pasiva que no vamos a aceptar imposiciones de ningún tipo. Un conseller al que parece ser que ni el presidente de “todos” los valencianos, Ximo Puig, ni Mónica Oltra, la vicepresidenta que debería ser de todos los valencianos, han sido capaces de llamar al orden, y menos de cesarlo en su cargo, a pesar del estropicio educativo sin precedentes que está creando en nuestra Comunidad. Siendo, por tanto, cómplices de esta estratagema lingüística.
Tuvo que ser otra institución, la Diputación de Alicante, la que lo llevara al juzgado, tomando las riendas de esta situación insostenible, denunciada públicamente por este alcalde y otros de la Comarca. El juez le dio la razón y ordenó la suspensión del decreto de Plurilingüismo. Sentencia que el Consell no ha sabido digerir y ha preferido buscar nuevas artimañanas para poder sacar adelante otro Decreto Ley para hacer que continúe la imposición a nuestros alumnos castellanohablantes y se vean perjudicados académicamente, debido al chantaje entre horas de valenciano y de inglés.
Y si todo esto fuera poco, los Ayuntamientos seguimos esperando algún tipo de comunicación o justificación que pudiera explicar esta jugada “in extremis”, ya que son muchos los padres y madres que se encuentran desconcertados ante este tipo de medida correctora impuesta a la fuerza con la que se iniciará el nuevo curso académico el próximo 11 de septiembre, bajo el estruendoso sonido de un puñetazo dado en la mesa por el conseller Marzà. Con todas las cuestiones pendientes en materia educativa, cuesta creer que siga obcecado con este tema y con sus decretos.
Lo que tengo claro, y ahora más que nunca, es que un conseller no puede gobernar una materia tan importante como la educativa, sin importarle lo más mínimo la opinión de los padres y de los ciudadanos a los que debería defender y por los que tiene que trabajar. Eso es imperdonable y es un comportamiento que desborda falta de ética política que bien merece una dimisión o una cesión. Así no, conseller Marzà.
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