La asociación responsabiliza al Gobierno de España de no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país y de propiciar el fin de una infraestructura histórica como el trasvase Tajo-Segura
Tras la aprobación del decreto ley de los planes hidrológicos que consuman el recorte de más de 100 hectómetros cúbicos al año procedentes del trasvase Tajo-Segura, ASAJA-Alicante atribuye al Gobierno de España la responsabilidad de no “ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas”.
La asociación alicantina hace hincapié en que la hoja de ruta de imponer por la vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada. “La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes”, declara el secretario técnico de ASAJA-Alicante. En este sentido, añade que “suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad”.
Por su parte, el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que “ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera. En cuanto al coste económico, remarca que tras la decisión de hoy, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”.
Tras la rueda de prensa de la ministra, la asociación remarca que “todos sus argumentos y promesas carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento”.
Sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, ASAJA-Alicante lamenta que ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años, «cuando los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial. Además, la confirma que seguirá movilizándose a favor de la continuidad del trasvase y recurrirá, si hace falta, a la vía judicial».
El presidente de ASAJA recalca que el máximo responsable de este país, el presidente, “no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las Comunidad Autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores y expertos que han cuantificado con cifras el descalabro en términos de empleo, hectáreas de regadío e impacto socioeconómico que supondrá el recorte del trasvase”.
Por último, la asociación hace hincapié en que las consecuencias de lo que hoy se ha aprobado serán inmediatas, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán. De hecho, la incertidumbre de poder disponer de recursos de agua que puedan asumir los agricultores afectará inevitablemente a la campaña de verano. “Las siembras de sandía, melón, granada o breva están en el aire, porque tendrían que costear el agua desalada a precios no son compatibles con la agricultura levantina”. Tales efectos empezarán a notarse en los diferentes sectores de nuestro territorio, que inevitablemente será menos competitivo.
Leave a Reply