Se trata de vecinos que, en algunos de los casos, llevan más de 40 años residiendo en estos inmuebles y que se vieron con una gran deuda después de que un banco vendiera sus viviendas a un fondo buitre
La plataforma Stop Desahucios ha logrado aplazar hoy en Orihuela el desahucio de tres familias que residen en tres viviendas de un mismo edificio ubicado en la calle Oriol, en el barrio de Capuchinos. Se trata de vecinos que, en algunos de los casos, llevan más de 40 años residiendo en estos inmuebles.
En torno a una treintena de personas, ataviadas con mascarillas, se han concentrado en las inmediaciones del edificio a la espera de la llegada de la comitiva judicial con el objetivo de paralizar el desalojo de estas familias, que tienen niños a su cargo, algunos son jubilados o están enfermos.
La comitiva judicial que tenía previsto el desalojo de las familias ha decidido aplazar el lanzamiento hasta el próximo 3 de febrero de 2021, con el objetivo de que la plataforma y la empresa propietaria de los inmuebles puedan alcanzar un acuerdo en estos meses. Lo cierto es que por Ley no se podía echar a estos residentes de sus viviendas ya que el Gobierno central prohibió los desahucios hasta el 31 de enero de 2021 para mantener el escudo social frente a la pandemia del coronavirus.
Es la quinta vez que se paralizan y aplazan estos desahucios puesto que la situación de los vecinos se remonta más de una década atrás. Según ha explicado el portavoz de Stop Desahucios Orihuela-Vega Baja, José Andrés Berná, estas familias pagaban sus hipotecas al banco BBVA pero después esta entidad bancaria vendió los inmuebles a un fondo buitre sin comunicárselo a los vecinos. “Ellos estaban pagando al BBVA pero la entidad no recibía esos pagos y cuando se enteraron de la situación se había generado una gran deuda”, ha explicado.
Berná ha señalado que la empresa propietaria de los pisos está afincada en Madrid, donde las familias han solicitado un abogado de oficio, y esto complica las relaciones, más aún en tiempo de pandemia donde aseguran que no ha sido posible comunicarse con ellos.
El portavoz de Stop Desahucios ha indicado que “estas familias quieren pagar” por lo que desean negociar un alquiler social con la empresa que acabe con esta situación y dé estabilidad y tranquilidad a estas familias.
Por su parte, la edil de Cambiemos Orihuela, María García Sandoval, ha señalado que “las familias han ganado tiempo al aplazar este desahucio” pero ha tachado de “abuso administrativo” la situación que han vivido “al no poder negociar ni con el banco ni con la empresa, al no saber las propias familias ni que el banco había vendido estas viviendas y que la propiedad estaba cambiando de manos”.
A juicio de la concejal, desde el Ayuntamiento “no se están poniendo los medios ni la voluntad suficiente para lograr una negociación con la empresa de fondo buitre” y ha lamentado que estas personas “se encuentran en una situación de indefensión jurídica porque a estos vecinos los remiten a Madrid allí nos le cogen el teléfono”.
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