La mercantil reclama al consistorio los intereses de demora devengados por abono fuera de plazo de las certificaciones expedidas y los intereses de ese dinero desde la interposición de la demanda al fallo
96.861,80 euros deberá pagar el Consistorio de Almoradí, sí o sí, tras la sentencia dictada por el Juzgado número 1 de Elche y en la que la mercantil ‘La Generala’, empresa constructora del Cuartel de la Guardia Civil, le reclamaba al consistorio los intereses de demora devengados por abono fuera de plazo de las certificaciones obtenidas y los intereses legales de ese dinero desde que se interpuso la demanda.
Sin embargo, desde el equipo de gobierno creen que la cantidad a pagar podría superar los 100.000 euros al ser condenados a pagar, también, las costas procesales.
Capricho
El bipartito almoradidense recuerda, a través de un comunicado remitido a los medios, que la construcción de la Casa Cuartel “fue un capricho del anterior alcalde popular, Antonio Ángel Hurtado, ya que asumió como propio un proyecto que dependía única y exclusivamente del Ministerio del Interior”.
El Grupo Generala realizó la obra de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Almoradí y el anterior equipo de gobierno del Partido Popular intentó sin éxito que condonara la deuda existente invitándola a participar en el concurso público de recogida de basuras y limpieza viaria.
Cuando este concurso fue asignado a la empresa Sirem, la Generala denunció al Ayuntamiento y ahora llega la sentencia. Esta empresa también tiene presentada otra demanda contra el Consistorio por la adjudicación del contrato de basuras y limpieza viaria, citado anteriormente, pendiente de resolución.
“Todo esto es fruto de la mala gestión del gobierno del Partido Popular”, manifiesta Jaime Pérez, alcalde de Almoradí, y continúa: “Es ahora cuando aflora la política de compadreo, amiguismo y pago de favores que deberán ser sufragados por todos los almoradidenses”.
Más sentencias
El Alcalde añade que no solo es esta sentencia sino que están llegando al Ayuntamiento dictámenes de diferentes empresas como INTESA (Infraestructuras Terrestres S.A.), a la que ya se le ha pagado condenas que ascienden a más de 50.000 euros y que se suman a la anterior y por el mismo motivo, es decir pagar tarde las deudas de certificaciones o trabajos realizados.
El alcalde concluye el comunicado indicando que “nos dicen que estamos viviendo de la herencia recibida pero no queremos estas herencias, preferimos buena gestión y no propaganda”.
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