Miguel López Arenas
Alcalde de Benejúzar, diputado provincial del PSOE y vicepresidente de la Comisión de Infraestructuras y Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante
Desde el lunes, tengo la desagradable sensación de volver a tiempos pasados en el asunto del agua. Todavía tengo en la memoria la imagen de los balcones de ayuntamientos del PP con el faldón de “AGUA PARA TODOS”, y una intensa crispación política en mesas y barras de bares, una imagen que me recordaba la triste sensación de enfrentamiento estéril y partidista que el PP logró despertar en la gente de la provincia y especialmente en la Vega Baja.
Tras aquella amarga experiencia, que quedó parcialmente saldada con la firma del Memorándum, (y con un gobierno del PP, con Rajoy a la cabeza, como un triste recuerdo) el documento, que daba rango de ley sin serlo y que dejaba a los regantes del trasvase, con una reducción de la capacidad receptora de agua a nuestra cuenca, puesto que fijaba en 400 hectómetros cúbicos el mínimo que debía acumular la cabecera del Tajo para poder trasvasar, dado que antes de la firma de este “Memorándum” la cifra era de 240 Hm3.
Decía el presidente de la comisión del agua del PP por aquel entonces (2013) el Sr. Alberto Garre que “Castilla-La Mancha no participa en la firma del memorándum, a diferencia de las cuencas receptoras, porque esa comunidad no es propietaria del agua que transcurre por sus tierras. Sin embargo, Valencia y Murcia sí que tienen mucho que decir del trasvase, porque va a servir a los intereses de sus regantes». Lo cual no era demasiado sensato, ya que todos sabemos por dónde discurre el Tajo, y a qué ciudadanos afectan los trasvases a nuestra cuenca: a los de Castilla-La Mancha. Hoy, agosto del 19, el nuevo presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, decía que “no se desnaturalice la Comisión Técnica de Explotación de los Trasvases, como ya sucedió hace 15 años” o “vamos a solicitar una reunión urgente con la ministra de Transición Ecológica para exigir la inmediata rectificación de esta medida”. Es decir, lo mismo dejamos fuera a los Castellano Manchegos. No vamos bien…
Los socialistas, que siempre hemos defendido el Trasvase y a los regantes, también a los del riego tradicional, volvemos a tener una postura irrenunciable de la defensa del actual trasvase Tajo-Segura, una defensa que mantenga el poderío exportador y la competitividad de nuestras empresas agrícolas, y por ello el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pondrá toda la carne en el asador en esta defensa, como ya lo hizo esta anterior legislatura, pero sin cordones sanitarios, sin exclusiones, sin imposiciones, sin el partidismo que, de nuevo el PP, comienza a desenmascarar a través de estos diálogos políticos de parte.
Somos conscientes los socialistas valencianos, y los de la Vega Baja en particular, del difícil equilibrio en el asunto del agua, pero también tenemos una gran desconfianza hacia estas reuniones unilaterales –y no sé si llamarlas populares o populistas- que se están llevando a cabo desde la Diputación, utilizando la Mesa del Agua provincial como excusa técnica, para ofrecer una imagen, fallida a mi juicio, de excusa despolarizadora. Nos suena y mucho a una etapa anterior de enfrentamiento que no debemos repetir, más cuando se ha demostrado el interés del Consell del president Puig y del Gobierno de España en el mantenimiento de los compromisos adquiridos en el Memorándum que quieren remover los mismos que antes lo promovieron y defendieron.
La defensa del Agua, de los agricultores, y de la industria agroalimentaria que mantiene tantos puestos de trabajo en nuestra comarca y provincia, con el inicio de una nueva guerra del agua, no es la mejor opción, ni para regantes del trasvase o regantes tradicionales. Ni para nadie, incluidos los partidos políticos de esta tierra.
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