87,87

Mateo Marco Amorós / Bardomeras y meandros

Joaquín Marín / Fotografía

El seis de diciembre de 1978, miércoles, se celebró el referéndum que ratificó la Constitución que nos rige. De los 17.873.271 votos emitidos –válidos, en blanco y nulos– un 87,87 por ciento fueron sí. Teniendo en cuenta sólo los válidos (17.106.583 votos), el sí resultó un 91,81 por ciento.

Sin ánimo de emborracharnos con cifras es evidente que la ley de leyes sobre la que orbita nuestra legislación recibió el espaldarazo del pueblo español, señor y dueño de la soberanía nacional según la propia constitución, confirmando el ambiente de consenso que caracterizó a la Transición. Pero si queremos poner peros al peso de ese consenso, atendiendo argumentos de quienes lo cuestionan, cabe decir que siendo la participación de un 67,11 por ciento de los inscritos en el censo electoral, el sí (15.706.078 votos) venía a representar sólo un 58,97 por ciento de los electores. También hay quien resta valor al referéndum recordando que la mayoría de edad para votar era veintiún años, marginando a población más joven; dando por supuesto que, por más joven, ésta sería más ambiciosa en cambios.

Verdad de Perogrullo, un 58,97 por ciento no es un cien por cien; y teniendo en cuenta que la participación media en las elecciones generales en España resulta hasta la fecha un 73,79 por ciento, cabe echar de menos más apoyo para glosar el consenso, al margen de que la Constitución de 1978 haya resultado herramienta útil para la convivencia en sus cuarenta y tres años de vigencia, no superando aún a la de 1876 que tuteló a los españoles unos cuarenta y ocho años durante la Restauración, interrumpida por el paréntesis dictatorial de Primo de Rivera y recuperada en el camino hacia la Segunda República.

Que la Constitución actual dure más o menos dependerá de la voluntad popular. No resultan propicios los aspavientos de quienes postulan reformarla, sustituirla o mantenerla. Si como reconoce la propia Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español (Artículo 1.2), será el pueblo español quien decida si conserva, reforma o sustituye. Sólo deseamos que lo que sea, sea desde la concordia. Por favor.